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La Reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios implica pérdidas de bienestar
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Opinión
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La reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios
Ángel García Banchs
El Universal
La reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios implica pérdidas de bienestar. En primer lugar, en términos de eficiencia, puesto que la asignación óptima de las divisas anteriormente transadas en el mercado de permutas será ahora substituida por una asignación subóptima que dependerá del criterio discrecional de funcionarios del BCV; en segundo lugar, en términos de las libertades económicas, pues ahora adquirir divisas no dependerá únicamente del tipo de cambio y la cantidad de bolívares que se tengan, sino también de criterios de adjudicación discriminatorios impuestos por las autoridades. Finalmente, en términos del riesgo cambiario, toda vez que la incertidumbre acerca del precio y las cantidades crecerá, al no ser ahora únicas, y fijas, las reglas de adjudicación.
Tocará al BCV dispersar los temores mediante la publicación de información detallada respecto a la nueva normativa y las reglas que han de regir dentro del mercado cambiario, de forma tal de fomentar un clima de certidumbre y expectativas favorables.
El ciudadano de a pie debe tener muchísimas dudas y preguntas en torno al tema de la reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; por ejemplo, cómo hacer ahora para adquirir divisas legalmente y proteger de la inflación y el riesgo el ahorro familiar que tanto esfuerzo y trabajo ha costado, cómo obtener divisas para pagar por las importaciones de bienes y servicios no considerados prioritarios por el gobierno nacional, cómo acceder a la moneda extranjera para cancelar deudas con acreedores del exterior, cuántos dólares va a ofertar diariamente el BCV, a quién tienen en mente privilegiar, a personas naturales o jurídicas, si utilizarán la ley como medio de represión financiera, cambiaria o política, y si en verdad aplicarán multas y hasta pena de prisión, etcétera.
También, deben estar preguntándose cuáles serán los criterios de adjudicación de divisas, si facilitarán el acceso a aquel comprador que demande más o aquel que demande menos, a quien ofrezca pagar más o quien ofrezca pagar menos, a aquel con carnet del Gobierno, o a aquel que no lo tenga, si permitirán participar a Cajas de Ahorro y Fondos de Pensiones o no admitirán a los inversores/demandantes institucionales, entre qué bandas estará el nuevo tipo de cambio, con qué frecuencia cambiarán dichas bandas y subastarán divisas, qué casas de Bolsa participarán en las operaciones, si se incrementará ahora la oferta total, cuán profundo, heterogéneo, y líquido será el mercado negro que aparezca, y, así, muchísimas preguntas más.
Nadie sabe todas las respuestas a estas preguntas, ni siquiera el Gobierno y el BCV, puesto que todo esto es nuevo inclusive para ellos mismos. Lo que sí es cierto es que la reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios pretende impedir las operaciones de libre mercado, y otorga competencia sancionatoria a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Dirección General de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Finanzas, implicando más regulación, tutelaje, control, y discrecionalidad, por parte del BCV, institución que ha de encargarse de instrumentar la nueva ley. Y todo esto, a pesar de que, a final de cuentas, la ley no está atacando las causas del problema, la inflación y el riesgo, razón por la cual debemos esperar cualquier cosa menos que la reforma logre estabilizar al bolívar y a la economía nacional.
Ángel García Banchs
PhD en Economía Política de la Universidad de Siena, Italia y profesor del CENDES/UCV
http://www.angelgarciabanchs.com
opinion@angelgarciabanchs.com
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La reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios
Ángel García Banchs
El Universal
La reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios implica pérdidas de bienestar. En primer lugar, en términos de eficiencia, puesto que la asignación óptima de las divisas anteriormente transadas en el mercado de permutas será ahora substituida por una asignación subóptima que dependerá del criterio discrecional de funcionarios del BCV; en segundo lugar, en términos de las libertades económicas, pues ahora adquirir divisas no dependerá únicamente del tipo de cambio y la cantidad de bolívares que se tengan, sino también de criterios de adjudicación discriminatorios impuestos por las autoridades. Finalmente, en términos del riesgo cambiario, toda vez que la incertidumbre acerca del precio y las cantidades crecerá, al no ser ahora únicas, y fijas, las reglas de adjudicación.
Tocará al BCV dispersar los temores mediante la publicación de información detallada respecto a la nueva normativa y las reglas que han de regir dentro del mercado cambiario, de forma tal de fomentar un clima de certidumbre y expectativas favorables.
El ciudadano de a pie debe tener muchísimas dudas y preguntas en torno al tema de la reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; por ejemplo, cómo hacer ahora para adquirir divisas legalmente y proteger de la inflación y el riesgo el ahorro familiar que tanto esfuerzo y trabajo ha costado, cómo obtener divisas para pagar por las importaciones de bienes y servicios no considerados prioritarios por el gobierno nacional, cómo acceder a la moneda extranjera para cancelar deudas con acreedores del exterior, cuántos dólares va a ofertar diariamente el BCV, a quién tienen en mente privilegiar, a personas naturales o jurídicas, si utilizarán la ley como medio de represión financiera, cambiaria o política, y si en verdad aplicarán multas y hasta pena de prisión, etcétera.
También, deben estar preguntándose cuáles serán los criterios de adjudicación de divisas, si facilitarán el acceso a aquel comprador que demande más o aquel que demande menos, a quien ofrezca pagar más o quien ofrezca pagar menos, a aquel con carnet del Gobierno, o a aquel que no lo tenga, si permitirán participar a Cajas de Ahorro y Fondos de Pensiones o no admitirán a los inversores/demandantes institucionales, entre qué bandas estará el nuevo tipo de cambio, con qué frecuencia cambiarán dichas bandas y subastarán divisas, qué casas de Bolsa participarán en las operaciones, si se incrementará ahora la oferta total, cuán profundo, heterogéneo, y líquido será el mercado negro que aparezca, y, así, muchísimas preguntas más.
Nadie sabe todas las respuestas a estas preguntas, ni siquiera el Gobierno y el BCV, puesto que todo esto es nuevo inclusive para ellos mismos. Lo que sí es cierto es que la reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios pretende impedir las operaciones de libre mercado, y otorga competencia sancionatoria a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Dirección General de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Finanzas, implicando más regulación, tutelaje, control, y discrecionalidad, por parte del BCV, institución que ha de encargarse de instrumentar la nueva ley. Y todo esto, a pesar de que, a final de cuentas, la ley no está atacando las causas del problema, la inflación y el riesgo, razón por la cual debemos esperar cualquier cosa menos que la reforma logre estabilizar al bolívar y a la economía nacional.
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